Para presentar el tema de la privatización de las Empresas Estatales en Colombia, hay que partir, por entender la trascendencia histórica que la empresa pública ha tenido en Colombia y luego delimitar la concepción de empresa Estatal. Este referente de Empresa Pública nos llevara a lo largo de esta exposición a analizar el desarrollo legal que ha tenido la empresa pública en Colombia, para entender posteriormente el concepto de privatización y lo que ha seguido en materia de resultados producto de la aplicación de las tesis económicas de modernización de la administración pública. Por tal motivo, y primero para comprender el tema de la privatización de las empresas estatales en Colombia es necesario partir de un breve recuento histórico, que permita crear una definición jurídica de lo que hoy el ordenamiento jurídico colombiano reconoce como privatización.

sábado, 23 de julio de 2016

DESVENTAJAS DE LA PRIVATIZACIÓN

Podemos concluir mencionando las desventajas que existen de la privatización; estas son:

1- A pesar de su impulso al desarrollo económico, las privatizaciones suelen ser criticadas, sobre todo a causa de las reducciones de puestos de trabajo, a menudo necesarias para hacer competitivas las antiguas empresas públicas. La pérdida de empleos en las empresas privatizadas es traumática. Así, en Argentina, decenas de miles de trabajadores de las antiguas empresas públicas se han quedado sin trabajo. El desempleo ha crecido como resultado de las privatizaciones, pero también de la liberalización económica. Lo que ha provocado un grave problema social y una situación que alimenta manifestaciones antigubernamentales 1. Es posible que el crecimiento económico favorecido por el ajuste disminuya en el futuro el desempleo, pero, por ahora, la tasa de paro, en Argentina, se sitúa en el 18%. Sin embargo, Hausmann (cfr. Le Monde 11-II-97) concluye que, de 12 casos de privatizaciones (9 en Latinoamérica y 3 en Gran Bretaña), los resultados han sido una mejora del bienestar general en 11 de los casos. La excepción es la de las líneas aéreas mexicanas, cuyos errores se han corregido después.

2- Probable perjuicio a las clases más necesitadas. Algunos ven en las privatizaciones un riesgo para las clases con mínimos recursos económicos. La prestación de servicios por parte de las empresas antes públicas y ahora privadas, puede dejar fuera a los más necesitados por no ser rentable. Este inconveniente puede, en muchos casos, corregirse a través de una adecuada regulación previa a la privatización de las empresas que prestan servicios esenciales.

3- Enajenación del patrimonio nacional. Las reservas nacionalistas a la adquisición de empresas públicas por capital extranjero, aunque han perdido gran parte de su fuerza, siguen presentes. Sin embargo, muchos advierten que la inversión extranjera es indispensable para financiar el crecimiento económico, y que a fin de cuentas, lo importante para la región no es tanto la titularidad de las empresas, como su aportación al bienestar nacional.

4- Concentración del poder económico. Si el proceso privatizador está mal implantado se puede producir una concentración de poder en un pequeño núcleo de empresas grandes. Los llamados "núcleos duros". Sin embargo, mucho más fundamento suelen tener las críticas a la insuficiente transparencia de los procesos de privatización, que a menudo han beneficiado a grupos de empresarios ligados al poder político. Es un tipo de crítica que se repite en países como México o Bolivia. De ahí que el proceso de privatización deba hacerse con total transparencia con el fin de reducir las posibilidades de corrupción, de colusión y de uso de información confidencial, elementos que originan ganancias privilegiadas en la venta de bienes públicos. Por otra parte, una mayor transparencia también puede contribuir a alcanzar otros objetivos. Al exponer el proceso a una mayor publicidad se facilita la detección oportuna de eventuales errores y se permite determinar si los objetivos establecidos por el gobierno -tanto en lo relativo al proceso de privatización como al resultado final- van siendo cumplidos de forma razonable. La transparencia facilita, además, el proceso de aprendizaje mediante la práctica, que es parte inherente a todo programa gubernamental de privatización.

5- Poner en peligro la capacidad productiva del país. Muchos creen que existe un riesgo para la capacidad productiva de un país si se entregan al sector privado industrias como la defensa 2, astilleros, el sector del aluminio, petroquímico... Esto puede ocurrir si el sector privado no es capaz de gestionar esas empresas adecuadamente. Sin embargo, hay signos de que la reforma microeconómica en América Latina se encuentra en marcha; por ejemplo, la evolución del comercio internacional refleja mejoras en la competitividad de las empresas de estas economías. Por el contrario, en las industrias de bienes de capital y en los sectores intensivos en tecnología, que suelen constituir la mayor fuente de progreso, los países latinoamericanos tienen un largo camino que recorrer. En cambio, los países situados en el sudeste asiático obtienen mejores resultados que los países latinoamericanos.3

NOTAS

1. Por el contrario, un estudio reciente (Chisari, 1997) determinó que a la privatización de servicios públicos en Argentina "no se le puede atribuir el aumento en el desempleo observado desde 1993". Es más, la mayoría de las simulaciones, que aparecen en dicho estudio, muestran que una efectiva regulación de los servicios públicos privatizados puede conducir a una pequeña baja en el desempleo.

2. La decisión de privatizar las industrias de la defensa debe ser considerada en un análisis coste- beneficio donde se deben incluir aspectos relativos a la seguridad nacional. En épocas de distensión internacional parece factible la privatización de ciertas empresas de defensa.

3. Un análisis comparativo de los indicadores de ciencia y tecnología de los países de la OCDE, los países emergentes del sudeste asiático y los de América Latina da como resultado la fragilidad relativa de la estructura industrial de América Latina. Estos indicadores señalan que: 1) los gastos en investigación y desarrollo (I+D) por habitante, los gastos en I+D como proporción del PIB y los gastos en I+D por ingeniero y científico ocupado; y 2) la proporción de ingenieros y científicos sobre la población activa y los graduados universitarios en relación a la población, son en América Latina muy inferiores a los otros dos grupos de países. En particular, en comparación a los países de la OCDE representan valores muy pequeños. Asimismo, la participación empresarial en los gastos de I+D en la región es mucho menor, en contraposición con la preponderante importancia de los gastos del sector público.



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